A esta reunión acudió el Fiscal de Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Es conocido el posicionamiento del Sr. Vargas, que sostiene la inconveniencia de aceptar los postulados principales que se piden en #PouUnaLeyJusta y en concreto ha venido manteniendo objeciones a que vuelvan al Código Penal las imprudencias por las cuales un conductor que causa lesionados o fallecidos reciba una condena penal, aunque fuera mínima. Esto es, cuando alguien comete una infracción a una norma de tráfico y lesiona o mata a alguien, pero no hay alcohol drogas o conducción especialmente temeraria, porque esa sería imprudencia grave y sí está condenada. Pero dejaría fuera de la protección a las víctimas del 90% de los accidentes.
El fiscal también ha manifestado sus objeciones a que se defina en el Código Penal la imprudencia menos grave, algo que se está pidiendo se introduzca porque supondría la eliminación de estas lagunas tan perjudiciales para las víctimas, que tendrían una protección penal y un reproche penal para los causantes del accidente. Tampoco comparte que la fuga sea un delito autónomo nada más que cuando se huyó tras provocar el fallecimiento en el acto de la víctima, porque mantiene que para el resto de las huidas en las que se deja viva a la víctima está el delito de omisión del deber de socorro, que, como todos los abogados que nos dedicamos a defender las víctimas sabemos, se aplican excepcionalísimamente.
Y finalmente viene sosteniendo que la elevación de las penas en uno o dos grados, esto es superar el límite actual de los 4 años y establecerlo en 6 o 9 años en los casos más sangrantes, sea muy restringido y con unos criterios tan singulares que la mayoría de los jueces no querrán aplicarlo. La ponencia no se reunirá de forma oficial hasta que el fiscal remita un nuevo texto para consensuar.
En el seno de esta comisión se está trabajando un borrador resultado de un trabajo previo en el que intervino el señor Vargas, la diputada del Partido Popular, Silvia Valmaña, y el diputado socialista, Juan Carlos Campo, y que reduce mucho las pretensiones de la Reforma. Pero tras reuniones con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, dirigido por Irene Rivera, y la designación del diputado socialista Pablo Bellido como responsable de su Grupo en la tramitación de la reforma, se está valorando un texto que defienda a las víctimas y más cercano a la propuesta de Anna. La negociación está abierta.
Este borrador que no nos satisface en nada y en el que colaboró en su redacción el señor Fiscal, sigue siendo defendido de un modo bastante rígido por el Grupo Parlamentario Popular, mientras que el resto de la cámara ha logrado un consenso bastante amplio para aceptar #PorUnaLeyJusta, sumándose a la voluntad de consenso Jaume Moya de En Común Podemos. La ministra de Justicia, doña Dolores Delgado, explícitamente apoyó está causa en la reunión mantenida con ella el 27 de agosto. Sin embargo, se constatan reticencias dentro del propio Grupo Parlamentario Socialista, lideradas por el diputado Juan Carlos Campo que se viene significando en pro de las tesis redactadas bajo el asesoramiento de Bartolomé Vargas. Si salen las tesis de Silvia Valmaña, del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Campo, del Grupo Parlamentario Socialista, y redactado bajo el asesoramiento del fiscal Vargas, la reforma será fallida, por lo que preguntamos a este fiscal: ¿defiende a las víctimas o está siendo la correa de transmisión de intereses contrarios a la defensa de las víctimas?
¿Y qué pretende el diputado socialista señor Campo cuando la propia Ministra nos ha mostrado su apoyo?, ¿Por qué la diputada popular doña Silvia Valmaña pretende introducir cambios en la Proposición de Ley en connivencia con don Bartolomé Vargas en contra de la propia exposición de motivos de esta Proposición que establece delito autónomo de fuga tanto si hay lesionados como fallecidos y que fue propuesta por su grupo parlamentario? ¿Han vuelto los lobbies de las aseguradoras a querer rebajar la protección de las víctimas?
