El Pleno del Senado aprobó en la tarde de ayer, con el apoyo de todos los grupos salvo el de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la modificación del Código Penal para endurecer las penas por imprudencias en la conducción y castigar con hasta 4 años de cárcel abandonar el lugar del accidente tras haberlo causado.
La reforma, que ha sido aprobada de forma definitiva al no incluirse enmiendas sobre el texto que salió del Congreso, corrige en de la reforma del año 2015 del Código Penal situaciones como el castigo por el abandono del lugar de los hechos si la víctima seguía viva, pero no si había fallecido.
Ese era el caso de Anna González, la mujer que impulsó la campaña que dio vida a ésta reforma, "#PorUnaLeyJusta", después de que su marido falleciera en 2013 cuando circulaba en bicicleta atropellado por un conductor que se dio a la fuga, para que casos como este no quedaran impunes. A partir de ahora, abandonar el lugar del accidente si éste es fruto de una imprudencia propia estará penado con de dos a cuatro años de prisión. Si fuera fortuito, el castigo sería de tres a seis meses de cárcel.
El texto ha salido adelante con 222 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, tras rechazar las diez enmiendas de Unidos Podemos, cuya senadora Celia Cánovas ha dicho estar de acuerdo con el fondo de la ley, no con la forma. Sus enmiendas pretendían "mejorar" tanto el Código Penal como la legislación civil que afecta la indemnización y la reparación de las víctimas de accidentes, según la senadora.
La norma, además de introducir el delito de abandono del lugar del accidente, endurece las penas a los conductores imprudentes al volante que causen accidentes con muertos o heridos. Establece que aquellos conductores que causen accidentes con varios muertos se enfrentarán hasta a nueve años de cárcel.
Un delito contra la seguridad vial que cause fallecidos o heridos será siempre tipificado como imprudencia grave y castigado con penas de entre 1 y 4 años de prisión; pero si esa imprudencia casa al menos dos muertos o uno y un herido muy grave, se podrá condenar a seis años. Si son "muchos" los fallecidos, el castigo puede ser hasta de 9 años de prisión. Y las imprudencias menos graves al volante con resultado de lesiones leves, según el texto, pasarán a castigarse por la vía penal y no por la administrativa como hasta ahora.
La sesión contó con la presencia de Anna González, que en 2016 lanzó la campaña para evitar la impunidad de casos como el que acabó con la vida de su marido y ha logrado conseguir el apoyo de más de 326.000 personas a través de la plataforma Change.org.
En consecuencia, se mostró "muy satisfecha" de que se apruebe una ley "para personas", que a partir de ahora contarán con una protección en caso de la fuga del conductor o en caso de sufrir lesiones en carretera. "El que se fugue la va a pagar", declaró en una rueda de prensa horas antes de la votación. No fue la única familiar y víctimas de accidentes, o representantes de asociaciones y colectivos de ciclistas que asistió en la Cámara Alta a la votación.
El senador del PP, Remigio Delgado, defendió que esta ley "trata de definir mejor cuáles son las conductas delictivas que se producen en las carreteras" y el socialista Juan Luis Soto opinó que no hay mejor forma de despedir la legislatura que con esta aprobación.
También el senador del grupo vasco Jokin Bildarratz celebró que este sea el último texto que "va a ver la luz en esta Cámara" antes de su disolución, mientras que el parlamentario de Ciudadanos Tomás Marcos consideró que con esta reforma se envía un mensaje claro a la sociedad a la que pone en cuenta de que "el alcohol y las drogas deben quedar fuera de las carreteras".
